"Tal vez, el drama de los constitucionalistas dogmáticos deba ponerse en paralelo con las tribulaciones y recelos de los economistas que creen a ultranza en la libertad de mercado, aborrecen el déficit fiscal y consideran al empleo público un defecto insanable. Ellos también hacen profesión de fe moderna, y por lo tanto, tienen dificultades para entender la dinámica de la nueva era. Se trata de una incapacidad de interpretación. Nadie dice, con sensatez, que no deban corregirse las variables macroeconómicas. El Gobierno lo está intentando, con instrumentos factibles y conciencia de los límites. El pesimismo de los dogmáticos consiste, sin embargo, en creer que si no se cumple con la ortodoxia, tarde o temprano, sobrevendrá el desastre. En definitiva, su horror vacui es la angustia ante lo imperfecto."
Además del indeseable tono "real politik" que sobrevuela al texto (por lo demás, un mal consejo que en su momento terminó llevando a la sepultura a la vieja Alianza, que también, llegada al poder, quiso mostrar que "tenía con qué", y murió inmediatamente por ello), hay en su crítica un error de comprensión grave:
La Constitución no nos refiere a un camino opcional, sino a un compromiso: una obligación sobre pautas mínimas que todo gobierno debe cumplir. Si un gobierno, llegado al poder, viola la libertad de expresión, no está optando por un camino posible, entre varios alternativos y que dependiendo de las circunstancias, puede ser elegido o no. Está violando parte del principal pacto que ha prometido cumplir. La Constitución no es un problema a resolver (como la inflación o el desempleo) sino una exigencia que deriva de un pacto entre iguales. Por tanto, quienes demandamos su cumplimiento (por ejemplo, exigiendo que los jueces no sean elegidos sin acuerdo del Senado) no somos fundamentalistas ni dogmáticos, sino ciudadanos que no queremos que el pacto firmado se rompa otra vez. Es como si Fidanza llamara dogmático a quien entregó su departamento y exige al comprador que se lo pague: no se trata de un fundamentalista inmobiliario sino de alguien que quiere que el otro no viole las reglas (una vez más), haciendo trampa, y dejándolo a uno en el desamparo (otra vez).
p.d.: Con dos addendas. Por un lado, al pacto que es la Constitución se le adicionan ciertos pactos mínimos, de campaña, que también son exigibles (deberíamos volver sobre ello). Uno de los principales compromisos asumidos por el gobierno entrante, en contraste con el gobierno anterior, fue el de no arrasar con las instituciones. Tirar abajo los estantes institucionales apenas llegado al poder resultó, además de todo (además de una ruptura del pacto de campaña) un error político indudable del nuevo gobierno. A las pruebas de su vuelta atrás me remito.
Por otro lado, el caso en cuestión nos refiere al omnipresente problema interpretativo que permitiría decir que "no hay una sola solución constitucional para cada problema." La cuestión es que la presencia del problema interpretativo no impide reconocer la presencia de infinidad de casos claros. En el caso en cuestión, es claro que los jueces (muy en particular los de la Corte) requieren de acuerdo del Senado, sí o sí. La indignación generada por los nombramientos, en torno al proceso, no fue dogmática sino producto de lo obvio: se optaba por una "excusa" constitucional que, en el mejor caso, y por un tiempo, permitía desafiar una exigencia constitucional clara, que no descansa en un dogma sino en un ejercicio de destreza legal y político. Esto es, la designación de los jueces debe depender de un acuerdo político amplio, y no de la voluntad discrecional de alguien. Entonces, otra vez, no confundamos, irresponsablemente, las esferas económica y jurídica. La última nos refiere a compromisos muy básicos -caminos no opcionales- que todo gobierno está obligado a cumplir. Es esto lo que, por suerte, nos separa a los convencidos del derecho de los cultores de la "real politik". Nuestro mundo no abre la puerta al "todo vale" sino que acepta que "algunas cosas, sí o sí, se deben cumplir."
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